La pandemia por la enfermedad COVID-19 ha provocado retrocesos en el desarrollo humano global llegando a niveles preocupantes comparables con aquellos de la década de los años 80. Los elementos constitutivos del desarrollo humano muestran estos retrocesos en el ingreso, la educación y la salud, siendo las poblaciones más afectadas los adultos mayores, niños y niñas, mujeres y personas en movilidad humana (PNUD, 2020: 3, 7)[1].

Además, la pandemia ha develado que las mujeres sufren los impactos de manera diferenciada debido a las desigualdades estructurales fundamentadas en la discriminación  por el hecho de ser mujeres (ONU, Comité de la CEDAW)[2], así como la pandemia ha profundizado las desigualdades de género.

Según una nota técnica de las Naciones Unidas de abril de 2020[3], las mujeres se están enfrentando a desempleo, trabajos precarios, un menor ingreso o falta de él; la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la violencia, etc.

En este contexto, las mujeres en situación de movilidad humana afrontan estas problemáticas y además otras relacionadas con la situación compleja de la migración. Esto se revela en la publicación recientemente presentada: ‘Reinventarse sobre la marcha: Mujeres refugiadas y migrantes de Venezuela, un estudio de sus condiciones y accesos a medios de vida en Colombia, Ecuador y Perú”. Esta investigación liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se dio en el marco de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela[4], coordinada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Tomando como referencia esta publicación, se identifica que las principales necesidades más acuciantes por satisfacer son la generación de ingresos, la asistencia para obtener los documentos necesarios, la alimentación, la ayuda médica y protección frente a  la inseguridad y la violencia.

En lo que concierne a los medios de vida, si bien las mujeres que inmigraron a Ecuador (sea para quedarse o para transitar a Perú o Chile) cuentan con formación académica y experiencia laboral previa, esto no les facilita el acceso al mercado de trabajo ecuatoriano. Es decir, las mujeres trabajan en sectores que no se relaciona con la experiencia previa, normalmente actividades comerciales, y relacionadas con el sector de belleza y servicio doméstico.

Por otro lado, habitualmente los factores de riesgo que enfrentan las mujeres tanto en el tránsito como en la llegada al país de destino son viajar solas, la falta de acceso a la información respecto del proceso del viaje y de la llegada, la irregularidad de la migración, la complejidad de inclusión en el mercado laboral, la pobreza, la falta de vínculos o redes locales o cercanas de apoyo, entre otros. Todos estos factores ponen a las mujeres en riesgo de violencia, principalmente, la sexual.

Las mujeres adultas que viajan solas, adolescentes no acompañadas, madres con menores de edad, mujeres madres adolescentes con menores de edad y madres cabezas de hogar son, en términos generales, vulnerables a la violencia y a dificultad por satisfacer necesidades básicas, debido a dos cuestiones estructurales basadas en el sexo. La discriminación y el preconcepto o prejuicio frente a las mujeres están en el centro de la causalidad de la precariedad. De hecho, en ocasiones, los medios de comunicación y las redes sociales se hacen eco de prejuicios y estigmatización de las mujeres venezolanas y en general de las personas en movilidad humana. En este sentido, desde el PNUD y otras agencias, fondos y programas de la ONU, así como desde instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, se comparten recomendaciones para promover una comunicación que respete los derechos humanos, sea inclusiva e incorpore el enfoque de género.

Tomando como referencia lo anteriormente expuesto, responder a las necesidades priorizadas por las migrantes de Venezuela requiere de un trabajo coordinado con la autoridad nacional y local para poner estas cuestiones estructurales en el foco de la política pública, tanto en la respuesta humanitaria, como en la de desarrollo sostenible.

Del mismo modo, el fenómeno migratorio como tal exige una cooperación con diversos actores también en la comunidad internacional, de modo que se establezcan mecanismos de respuesta y de protección de los derechos humanos de las mujeres, especialmente ante problemáticas de extrema gravedad como la trata y el tráfico con fines de explotación sexual, la violencia, la falta de acceso a empleo, salud y educación, la explotación laboral, entre otras problemáticas.

Aportar al desarrollo sostenible y a la garantía de los derechos de las mujeres migrantes requiere de herramientas, conocimientos y habilidades. Que este 18 de diciembre, Día Internacional del /la migrante sea una oportunidad para poner sobre la mesa estas problemáticas y renovar los compromisos a favor de las mujeres y las niñas.

 

Nathalie Trejo-técnica transversalización género PNUD Ecuador

Basado en una idea original de: Emilia Ramírez- Voluntarios ONU

Revisión: José Martino,  Oficial Comunicación-PNUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] UNDP (2020). 2020 HUMAN DEVELOPMENT PERSPECTIVES COVID-19 AND HUMAN DEVELOPMENT: Assessing the Crisis, Envisioning the Recovery. Disponible en: http://hdr.undp.org/en/hdp-covid

 

 

[2] Naciones Unidas (2010). Comité de la CEDAW. Recomendación general Nº 28 relativa al artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Disponible en: https://bit.ly/2IMTBIM

 

 

[3] United Nations (2020). Policy Brief: The Impact of COVID-19

on Women. Disponible en: https://bit.ly/35BfSls

 

 

[4] Plataforma de Coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela: https://r4v.info/es/situations/platform

 

 

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