Con el objetivo de presentar diferentes perspectivas sobre la coyuntura actual desde una visión de justicia climática e igualdad de género, se realizó el pasado 28 de abril, el Foro virtual ‘La pandemia COVID 19 y el cambio climático: impactos y perspectivas desde la justicia climática y la igualdad de género’.

Este espacio fue organizado por la Mesa Técnica de Género y Cambio Climático de Ecuador, que es liderada por el Ministerio del Ambiente y Agua, junto con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género y cuenta con el soporte del Programa de Apoyo a la Contribución determinada a nivel nacional (NDC SP), implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En el panel se contó con expertas en la materia:  Nelly Jácome, Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género de Ecuador; Marina Casas, Especialista de Género de la División de Desarrollo Sostenible de la CEPAL; Marina Ogier, Responsable de Programas y asesora de género en CARE- Francia; Miriam Lang, Profesora –Investigadora de la Universidad Andina Simón Bolívar; y María Inés Rivadeneira, Especialista de Género del Programa NDC SP (PNUD Ecuador).

A continuación, se aborda en esta nota los principales insumos, hallazgos y conclusiones del Foro:

La actual crisis sanitaria ha mostrado la exposición de las economías nacionales a las vulnerabilidades de la deslocalización de la producción en medio de una situación de emergencia que requiere de más y mejores servicios públicos, infraestructura y mecanismos de respuesta.  En este escenario, América Latina y el Caribe no cuenta en la actualidad con las capacidades productivas suficientes para enfrentar un corte generalizado de las cadenas de valor por lo que resiliencia de los países dependerá de la complejidad de su estructura productiva y de la integración regional. Por otro lado, la crisis profundizará las desigualdades entre los países y las subregiones por lo que invertir en el fortalecimiento de las capacidades productivas regionales es imperativo para disminuir la vulnerabilidad productiva y tecnológica y para potenciar las inversiones orientadas a un gran impulso ambiental.

Durante los últimos siete años, la región ha registrado un lento crecimiento con tasas crecientes de pobreza, pobreza extrema y desigualdad, que podrían afectar significativamente a las mujeres. Las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), prevén que 107 millones de mujeres se podrían encontrar en situación de pobreza en el futuro inmediato debido a los impactos que la COVID-19 puede tener en sus medios de vida (CEPAL 2020b).

En Ecuador existe una preocupación creciente con respecto a la relación intrínseca entre la necesaria transición hacia una economía baja en carbono, resiliente al clima y acciones que aseguren respuestas justas con las personas y responsables con los límites del planeta. La igualdad de género en este sentido, es un eje primordial. El Programa NDC SP y CEPAL comparten esta preocupación y buscan presentar alternativas para que las decisiones que se toman en respuesta a la pandemia producida por la enfermedad del COVID 19 consideren las necesidades específicas y los impactos diferenciados para personas que requieren atención prioritaria como las mujeres y diversidades sexo genéricas, niñas, jóvenes, adultas mayores, mujeres indígenas, migrantes y personas con discapacidad. Así como, la urgencia por plantear una transición justa para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible.

Uno de los impactos más notorios que tiene y tendrá la crisis sanitaria es en la autonomía económica de las mujeres. El 51,8% de las mujeres están ocupadas en sectores precarios desde el punto de vista de salarios, formalización del empleo, seguridad del puesto de trabajo o acceso a protección social a nivel regional (CEPAL 2020b). El empleo por cuenta propia y en el servicio doméstico son categorías de empleo con remuneraciones más bajas y con condiciones altamente precarizadas (36% del empleo femenino). Muchas de estas trabajadoras dependen exclusivamente de su trabajo e ingresos diarios para garantizar su sustento y el de sus familias.

La injusta organización social de los cuidados persiste e impacta en mayor medida a los hogares de menores ingresos, en su mayoría con jefaturas femeninas. Por otro lado, la violencia basada en género tiene que ver con cambio climático, así como tiene que ver los derechos económicos y sociales de las mujeres en las economías extractivistas de América Latina y el Caribe (en sectores tales como la minería, forestales y agua).

En este sentido, las medidas de contención de la pandemia podrían tener efectos sobre el trabajo formal de las mujeres producto de su concentración en los sectores más afectados. La cobertura limitada y desigual a los sistemas de salud afecta el acceso de las personas al cuidado y refuerza el trabajo no remunerado de las mujeres. Es por esto que, las medidas de cuarentena y salud pública también tendrán un efecto adverso en las personas en el mercado informal y a las pequeñas empresas. Con coberturas limitadas, la carga de cuidados de salud se traspasa a los hogares, reforzando los trabajos no remunerados que realizan las mujeres. De este modo, es de esperar que las medidas de contención y cuarentena profundizan la crisis de los cuidados que ya existía en la región.

De igual forma que lo hacen los desastres naturales y los efectos del cambio climático, la crisis sanitaria no se diferencia mucho de los primeros en cuanto a impactos diferenciados y en muchos casos más agravados hacia las mujeres. Con la única diferencia de que la crisis sanitaria pide de un confinamiento, ambas crisis, la sanitaria y las crisis derivadas de los efectos adversos del calentamiento global, tienen un impacto negativo en la autonomía de las mujeres.

Según la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 (2017), “la división sexual del trabajo y los patrones culturales dominantes también afectan los problemas ambientales y las consecuencias del cambio climático en la vida cotidiana de los hogares”. Las mujeres rurales, indígenas y campesinas son guardianas de la biodiversidad, pero en condiciones de gran fragilidad y explotación, tienen menos acceso y control sobre la tierra y los recursos productivos y son las principales responsables de alimentar a los miembros de la familia, recolectar agua y leña y el cuidado del jardín y los animales. Por lo tanto, las responsabilidades y la falta de oportunidades exacerban su vulnerabilidad y obstaculizan su capacidad de adaptarse y responder de manera adecuada. En el mismo sentido, la mitigación al cambio climático implica la adopción de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lleva a un análisis de cómo el orden de género se relaciona con los patrones dominantes de producción, consumo, uso de energía y tecnología.

Por esto es importante considerar la contribución de las mujeres a la mitigación como productoras, trabajadoras y consumidoras, así como a las investigadoras en el área de tecnología y energía limpia y segura y responsables de las políticas públicas " (CEPAL, 2017). El trabajo de cuidado, desempeñado en gran mayoría por las mujeres, es condición imprescindible para que se desarrollen todas las otras actividades en cualquier sociedad. Si bien este trabajo se encuentra invisibilizado cuando se da en los hogares, el hecho de contabilizar el tiempo invertido y determinar su valor a precios de mercado permite ver su aporte directo al crecimiento económico. Por otro lado, a pesar de estar también las mujeres sobrerrepresentadas en sectores de cuidados remunerados no siempre se concentran en aquellos empleos de mayor calidad. Esto es ahora más patente que nunca con la crisis del COVID en el que las mujeres representan el 72.8% de la fuerza laboral en el sector sanitario en la región, enfrentando brechas de género en las cargas laborales por la demanda de cuidados y los desiguales salarios respecto de los hombres (CEPAL 2020a).

La economía del cuidado avanza a un ritmo más sostenible para el planeta, lo que contribuye positivamente al crecimiento económico y a la superación de la desigualdad, mientras que otros sectores económicos son dependientes de la acumulación que genera a su vez un deterioro permanente de la naturaleza.

Por todo lo anterior, apostar e invertir en la economía del cuidado contribuye a la diversificación de la estructura productiva sin trasgredir los límites ecológicos para la reproducción de la vida, lo que a su vez permite gestionar de forma más eficiente el patrimonio natural y garantizar la sostenibilidad de la vida (CEPAL 2019). En este rol, las mujeres destacan, en mucha de la literatura existente, como las principales guardianas de los recursos naturales y en muchos casos las principales reprimidas por proteger los territorios de la contienda del extractivismo y la usurpación de los recursos naturales (UICN 2020).

Durante los últimos años, los conflictos de carácter medioambiental y territorial se han agudizado en América Latina y el Caribe. Diversas organizaciones se han levantado para detener el avance de proyectos cuyos impactos en el territorio podrían poner en riesgo la vida de las comunidades y la biodiversidad. Al mismo tiempo, la violencia contra las personas defensoras del medio ambiente ha aumentado drásticamente, lo que ha posicionado a la región con el porcentaje más alto de personas asesinadas por estas causas en el mundo. Según datos de Global Witness, más de la mitad de las muertes de defensores ambientales en 2017 ocurrieron en América Latina y el Caribe y la mayoría de los casos están vinculados al sector de la agroindustria, seguido por el sector de la minería y el sector del petróleo, la caza ilegal y el sector forestal (Global Witness, 2017).

Al respecto, en 2018 la región adoptó en Escazú (Costa Rica) el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. En él se establece la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales y además se insta a las Partes a tomar las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que puedan sufrir dichos defensores (CEPAL, 2018).

Para ello se requiere retomar la discusión crítica sobre las políticas públicas para hacer frente al cambio climático que contribuyen a reducir las brechas de género considerando los desafíos que nos plantea el contexto de la pandemia por la enfermedad del COVID-19:

1) Pasar de una economía enfocada en el crecimiento del PIB, a diferenciar entre sectores que pueden crecer y requieren inversión (sectores públicos críticos, energías limpias, educación, salud) y sectores que deben decrecer radicalmente (petróleo, gas, minería, publicidad, etc).

2) Construir una estructura económica basada en la redistribución. Que establece una renta básica universal, un sistema universal de servicios públicos, un fuerte impuesto a los ingresos, al lucro y la riqueza, horarios de trabajo reducidos y trabajos compartidos, y que reconoce los trabajos de cuidados.

3) Transformar la agricultura hacia una regenerativa. Basada en la conservación de la biodiversidad, sustentable y basada en producción local y vegetariana, además de condiciones de empleo y salarios agrícolas justos.

4) Reducir el consumo y los viajes. Con un drástico cambio de viajes desmedidos, a un consumo y viajes básicos, necesarios, sustentables y satisfactorios.

5) Cancelación y/o postergación de la deuda. Especialmente de trabajadores y poseedores de pequeños negocios, así como de países del Sur Global (tanto la deuda a países como a instituciones financieras internacionales)

Considerando los elementos anteriores, la CEPAL ha propuesto un cambio estructural progresivo sobre la base de un gran impulso ambiental para conseguir un desarrollo sostenible con igualdad para superar la crisis climática, la crisis económica y la crisis de la gobernanza y, ahora, la crisis sanitaria.

El gran impulso o big push ambiental responde a una estrategia de crecimiento económico respetuosa ambientalmente que promueve una acción coordinada de políticas, inversiones bajas en carbono, regulaciones, régimen de impuestos para una intervención articulada de múltiples actores con el objetivo de garantizar el crecimiento económico, la inclusión social, la igualdad de género y la expansión de los mercados hacia bienes menos intensivos en carbono y recursos naturales.

Bibliografía:

CEPAL, 2020a.- La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe

CEPAL 2020b.- América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19 Efectos económicos y sociales e impacto en la vida de las mujeres

CEPAL 2019.- La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes

CEPAL, 2017.- La estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030.