El terremoto ocurrido el pasado 16 de abril de 2016, provocó la interrupción de las dinámicas sociales y productivas en las provincias afectadas, fragmentando el tejido social existente y generando impactos directos los medios de vida en las poblaciones. Las acciones del Gobierno Central, articulado con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), ha logrado concretar intervenciones estratégicas para responder a las necesidades emergentes post desastre; cumpliendo con el inciso 8, del artículo 261 de la Constitución de la República que establece que: “El Estado Central tendrá competencia exclusiva sobre el manejo de desastres naturales”.